El panorama fiscal de los trabajadores autónomos en España está experimentando una transformación significativa que entrará en vigor en 2025. Esta nueva normativa implica no solo un aumento en la vigilancia por parte de Hacienda, sino también cambios fundamentales en las exigencias administrativas y el control de las actividades económicas de los 3.3 millones de autónomos del país.
Nuevo sistema de cotización
El método de cotización basado en los ingresos reales, que fue introducido en 2023, será obligatorio a partir de 2025. Esta medida tiene como objetivo ajustar las cuotas de los autónomos de acuerdo a sus ingresos reales, lo que permitirá una mayor equidad fiscal. Las cifras de las cuotas oscilarán desde los 200 euros para aquellos cuyos ingresos sean inferiores a 1.000 euros mensuales, hasta los 590 euros para quienes superen los 6.000 euros al mes. Existe también un tramo intermedio, como los 350 euros que deben abonar quienes ganan entre 1.700 y 1.850 euros mensuales.
A pesar de las intenciones del Gobierno de hacer más equitativa la carga fiscal, muchos autónomos ven este nuevo sistema como una difícil carga económica. Esto se complica aún más debido al actual contexto de inflación y aumento de costes. Además, los trabajadores autónomos tendrán que hacer frente a un tipo impositivo extra del 0,8% sobre sus ingresos mensuales, consecuencia del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). ¿Cómo afectará esto a los beneficios netos de los autónomos y a su capacidad de inversión en sus negocios?
La colaboración de las entidades bancarias
Un pilar esencial de este nuevo esquema de control fiscal es la colaboración activa de las entidades bancarias. Con la entrada en vigor de esta legislación, los bancos estarán obligados a proporcionar a la Agencia Tributaria información detallada sobre las operaciones financieras de los autónomos. Esta medida responderá a la necesidad de incrementar la supervisión y asegurar que se mantenga la transparencia en las actividades económicas.
El flujo constante de datos que surgiría de esta colaboración tiene una doble función. Por un lado, facilitará la identificación de posibles fraudes fiscales a través de un análisis más riguroso de las transacciones. Por otro lado, permitirá que se tomen medidas preventivas ante situaciones que representen un riesgo financiero. Sin embargo, es importante destacar que esta recopilación de datos también suscita preocupaciones legítimas sobre la privacidad de los autónomos y el manejo de su información financiera. ¿Realmente hay un equilibrio entre la supervisión y la protección de datos personales?
Hacienda ha anunciado que triplicará su vigilancia sobre los autónomos, con el fin de promover una mayor transparencia y limitar la economía sumergida. A partir del 1 de enero de 2025, todos los trabajadores autónomos deberán presentar información sobre sus cobros de forma mensual. Este cambio sustituye al sistema de informes anuales que se utilizó hasta 2024, lo que una vez más refleja la intención de Hacienda de optimizar el control fiscal.
Las nuevas normativas abarcarán todas las transacciones que se realicen a través de medios electrónicos, incluyendo pagos por tarjeta de crédito o débito, transferencias bancarias, terminales de punto de venta (TPV) y plataformas de pago como Bizum. Este enfoque pretende asegurar que cada transacción se registre adecuadamente, lo que permitirá un mejor seguimiento de las actividades económicas de los autónomos.
En resumen, los cambios que se implementarán en 2025 buscan establecer un marco fiscal más controlado y transparente para los trabajadores autónomos. Aunque la mayoría de estas medidas tienen como objetivo incrementar la equidad y reducir el fraude, también plantean desafíos significativos para los autónomos, quienes deberán adaptarse a estas exigencias en un entorno económico cada vez más complejo.
La pregunta que muchos autónomos se hacen es si estas medidas realmente contribuirán a mejorar su situación fiscal y económica o si, por el contrario, supondrán una carga adicional en un contexto ya complicado. Con la vigilancia intensificada y las nuevas obligaciones administrativas, el futuro de los autónomos en España se encuentra en un cruce de caminos.