Los afectados por la presunta macroestafa inmobiliaria vinculada a la promotora Grupo 21, que tenía su sede en Roquetas de Mar, enfrentan una situación crítica. Esta empresa se dedicaba a la promoción de inmuebles que nunca se construyeron en diversas localidades de Andalucía, incluyendo Almería, Almuñécar, Águilas y Málaga. Las víctimas, más de 1.200 compradores, depositaron entre 15.000 y 60.000 euros en concepto de reserva de viviendas, a menudo basándose en documentos falsificados y sin que la promotora tuviera derecho real sobre los terrenos donde planeaban construir. La actividad ilícita continuó hasta que en marzo de este año, una operación de la Guardia Civil en Almería llevó a la detención de tres administradores de la empresa, acusados de Falsedad Documental y Estafa.
El proceso judicial avanza lentamente
Desde la detención, los afectados han estado en un limbo, ya que la investigación está aún en la fase de instrucción. Francisco Javier Ortega Peña, abogado de Lexforma, que representa a muchas familias perjudicadas en Granada y Almería, comentó a LA RAZÓN que «aún hay que solicitar pruebas a entidades bancarias y a las concejalías de urbanismo de los distintos municipios», además de tener que tomar declaración a los empleados de las oficinas de Grupo 21. Ortega lamenta que «los juzgados no están tramitando el proceso con la celeridad necesaria», lo que causa un gran desasosiego entre las familias afectadas que ven cómo su patrimonio ha sido vulnerado.
Un entramado financiero y comercial
La situación se agrava considerando la gran dispersión de querellas en distintos juzgados. Ortega afirmó que «esto nos obliga a ir remitiendo las mismas pruebas de unos a otros, lo que retrasa aún más el proceso». El abogado, que fue el primero en presentar una querella criminal contra los administradores de Grupo 21, aspira a que se logre una unificación en el tratamiento de las denuncias, lo que permitiría que los responsables enfrenten la justicia de manera más efectiva.
Una denuncia contundente
Es significativo destacar que ya ha pasado un año desde que Lexforma presentó una denuncia penal contra el matrimonio compuesto por Francisco Manuel Torres González y Catalina Cruz Jimera, administradores de Grupo 21. La denuncia incluye a sus comerciales y busca que sean sancionados por delitos severos como estafa, apropiación indebida y alzamiento de bienes. Ortega espera que sean condenados a penas elevadas, reiterando que «son delitos contundentes» que deberían llevar a los responsables a la cárcel. Además, el bufete también está reclamando a los bancos como responsables subsidiarios por su falta de control sobre las cuentas de la promotora, lo que podría permitir la devolución del dinero a los afectados.
Un engaño elaborado con engaño psicológico
La naturaleza del fraude es alarmante. Los presuntos estafadores utilizaban una estrategia bien diseñada: «pagaban la señal de algunos solares bien situados con la condición de que los propietarios les dejaran poner el cartel del anuncio inmobiliario». Después de realizar el primer pago, se negaban a continuar, pero esa táctica les permitía promocionar los proyectos con ubicaciones atractivas y visuales seductoras, engañando a los potenciales compradores con infografías y diseños de ensueño que parecían reales en sus oficinas y en la web. Este tipo de manipulaciones llevó a muchos a depositar su confianza y sus ahorros.
Consecuencias emocionales del engaño
El impacto de esta estafa no se limita a la pérdida económica; también tiene profundas repercusiones psicológicas en las víctimas. Un padre, cuyo hija está entre las afectadas, describió el «daño irreparable» que esta situación ha causado en su familia. Las consecuencias emocionales de haber sido engañados no solo afectan las finanzas, sino que también perjudican la salud mental y el bienestar personal de los involucrados. Este testimonio resalta la necesidad de buscar justicia y reparación para las víctimas, quienes, además de su patrimonio, han visto comprometida su ilusión y confianza.
Un futuro incierto
Mientras continua la fase de instrucción, los compradores esperan un desenlace que, hasta ahora, sigue siendo incierto. Ortega ha mostrado empatía hacia la situación judicial, reconociendo que puede haber colapso y que se está intentando hacer lo posible desde los tribunales. Sin embargo, es fundamental que se adopten medidas efectivas para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones y que las víctimas puedan recuperar lo perdido.
Las historias de los afectados revelan la gravedad de esta situación, donde la esperanza de recuperar sus inversiones parece difusa. Siguientes pasos en el proceso judicial se esperarán con ansias, no solo para buscar justicia, sino también para restaurar la confianza en el sector inmobiliario y en el sistema judicial.
Este caso nos recuerda la importancia de mantener vigilancia ante inversiones aparentemente atractivas y la necesidad de un sistema económico robusto que proteja a los consumidores.