La Inspección de Trabajo en Canarias ha llevado a cabo un plan especial que ha permitido detectar una preocupante cantidad de irregularidades en el ámbito laboral. Durante 20 días de intensas actuaciones, se han identificado un total de 425 empleos irregulares, lo que ha generado un gran impacto tanto en las empresas como en el bienestar de los trabajadores implicados.
Un esfuerzo significativo en la supervisión laboral
El reciente operativo de la Inspección de Trabajo en Canarias ha involucrado la realización de 3.333 actuaciones, en las que han participado 24 funcionarios, incluyendo inspectores de Trabajo y Seguridad Social, así como subinspectores laborales provenientes de otras Comunidades Autónomas. En este contexto, se han encontrado 344 infracciones, lo que ha derivado en la imposición de multas a 160 empresas que no han cumplido con lo estipulado en el registro horario, además de otras prácticas ilegales.
Visitas a empresas y resultados reveladores
El Gobierno de Canarias ha comunicado que, a lo largo de este operativo, se llevaron a cabo 1.019 visitas a diversas empresas en las islas. Como resultado, se verificó que 168 personas no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, a pesar de que estaban trabajando. De estas, 106 eran hombres y 62 mujeres que carecían de cualquier tipo de contrato laboral, ya sea indefinido o temporal. Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de una supervisión más rigurosa en el mercado laboral canario.
Multas de 1.181.557 euros por infracciones detectadas
La Inspección de Trabajo ha levantado actas por 344 infracciones, que suman una propuesta de multa total de 1.181.557 euros. Este monto se desglosa en distintas áreas de incumplimiento, con 539.597 euros asociados a infracciones en materia de Seguridad Social, 385.093 euros relacionados con extranjería, 137.267 euros por obstrucción a la labor inspectora y 119.654 euros vinculados a relaciones laborales. Este estricto enfoque pretende desalentar comportamientos fraudulentos que afectan no solo a trabajadores, sino también a la economía regional en su conjunto.
El impacto del fraude en los beneficios sociales
Además de las irregularidades mencionadas, se han identificado a 12 beneficiarios de prestaciones por desempleo que estuvieron compaginando subsidios incompatibles con el ejercicio de un empleo. Como resultado, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) dejará de abonar un total de 111.437 euros, según ha indicado el organismo gubernamental canario. Esto resalta la importancia de mantener la integridad del sistema de prestaciones, que está diseñado para ayudar a quienes realmente lo necesitan.
Grave problema de empleo irregular entre extranjeros
Los datos recopilados durante las inspecciones han revelado que había 39 extranjeros no comunitarios trabajando sin contar con el permiso necesario de trabajo o residencia. Además, se identificó que 218 trabajadores que estaban a tiempo parcial fueron trasladados a jornada completa, de los cuales 85 eran mujeres y 133 hombres. Este tipo de irregularidades no solo afecta a los derechos de los trabajadores, sino que también representa un reto significativo para la economía local.
Beneficios de las regularizaciones laborales
Gracias a las acciones emprendidas, 381 personas ahora cuentan con relaciones laborales regulares, lo que significa que no enfrentarán problemas en cuanto a la cobertura y beneficios que otorga la Seguridad Social. Esta regularización es especialmente valorada por aquellos que anteriormente no estaban dados de alta, evidenciando la efectividad de estas medidas en pro del bienestar laboral.
La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, ha destacado que esta labor ha permitido descubrir fraudes en el mercado laboral que afectan a todos los involucrados. “Estamos hablando de personas que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, entre otras malas prácticas”, ha enfatizado, subrayando la relevancia de garantizar derechos laborales fundamentales.
Más que sanciones: el objetivo de mejorar las condiciones laborales
El director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, ha declarado que las 226 empresas visitadas por la Inspección de Trabajo han recibido 108 requerimientos en materia laboral y 118 en materia de Seguridad Social. Sin embargo, es importante señalar que este plan no tiene un carácter sancionador, sino que busca fundamentalmente mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en Canarias.
Por su parte, el director territorial de la Inspección de Trabajo en Canarias, Francisco Guindín, ha afirmado que el esfuerzo realizado ha permitido mejorar, al menos, las condiciones laborales de 700 trabajadores. Esta efectividad resalta la importancia de realizar controles sistemáticos en el sector para asegurar un mercado laboral más justo y equilibrado.
En definitiva, la reciente actuación de la Inspección de Trabajo en Canarias no solo ha identificado irregularidades significativas, sino que también ha abierto la puerta a la mejora de las condiciones laborales y al cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Este movimiento resulta crucial para construir un mercado laboral más sólido y menos expuesto al fraude.