La llegada de 2025 supondrá un cambio significativo en la forma en la que autónomos y empresas gestionan sus facturas. Uno de los cambios más relevantes será la implementación de un sistema de facturación electrónica homologado. Esta normativa afectará tanto a pequeñas y medianas empresas (pymes) como a trabajadores por cuenta propia, quienes deberán elegir una aplicación válida para cumplir con las nuevas obligaciones durante el próximo año.
Marco Legal de la Factura Electrónica
Este cambio en la normativa se enmarca en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, que tiene como objetivo la creación y el crecimiento de empresas. Con esta ley, Hacienda busca mejorar la comunicación con los empresarios y profesionales, promoviendo la transparencia y, sobre todo, reducir el riesgo de fraude en el ámbito tributario.
Obligaciones de los Proveedores de Software
Tras la reciente publicación de la Orden HAC/1177/2024, del 17 de octubre, se han establecido claramente los requisitos que deben cumplir los proveedores de software para evitar sanciones. La principal función de estos sistemas de facturación será la remisión de información a la administración tributaria, asegurando un canal de comunicación efectivo y directo con Hacienda.
Además, estas aplicaciones deberán incorporar un sistema de identificación eficaz. Es decir, necesitarán implementar mecanismos como firmas digitales o certificados electrónicos para evitar que personas no autorizadas accedan y envíen información a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Las empresas de software también tendrán la responsabilidad de firmar una declaración responsable, asegurando que sus sistemas cumplen con todos los requisitos establecidos por la normativa. Tienen plazo hasta julio de 2025 para actualizar sus programas y adecuarse a las nuevas exigencias.
Plazos de Aplicación para Autónomos y Empresas
Desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado, los plazos para la implementación de la factura electrónica dependerán del capital que facturen los profesionales. En el caso de las empresas que superen los 8 millones de euros en facturación, tendrán un año para adaptarse a esta nueva medida. Para las que facturan menos de esta cantidad, el plazo de adaption será de dos años.
En este contexto, está previsto que julio de 2025 sea la fecha en la que comience la obligatoriedad de utilizar la facturación electrónica. Sin embargo, podría haber cambios, ya que se ha señalado la posibilidad de realizar modificaciones a esta cronología debido a solapes de fechas. Actualmente, los autónomos y empresas deben adaptarse antes de que los proveedores de software tengan sus sistemas actualizados, lo que ha creado una situación de incongruencia que probablemente lleve a una revisión de la normativa.
Revisión y Adaptación: ¿Qué significa para los Autónomos?
Para los trabajadores autónomos, esta transición a un sistema de facturación electrónica puede parecer un gran desafío. Sin embargo, es importante comprender que esta medida busca facilitar y simplificar la gestión de sus obligaciones fiscales. ¿Por qué es esencial hacer este cambio? La facturación electrónica no solo agiliza el proceso de emisión y recepción de facturas, sino que también contribuye a una mayor transparencia y control por parte de Hacienda, lo que a su vez, puede beneficiar la situación fiscal de los contribuyentes.
Todos estos cambios suponen un esfuerzo, pero a la larga, implicarán una modernización necesaria en la gestión administrativa. Será clave que los autónomos se mantengan bien informados sobre cada una de las fases de implementación y ajusten sus prácticas administrativas a las nuevas normativas para evitar posibles sanciones o complicaciones futuras.
Conclusiones Finales sobre el Cambio Normativo
En conclusión, la llegada de la facturación electrónica obligatoria es un paso hacia la modernización del sistema tributario en el ámbito de las pymes y los autónomos. Si bien puede generar incertidumbre en su implementación, también abre la puerta a una gestión más transparente y eficiente. Es fundamental que todos los actores involucrados —desde los autónomos hasta los proveedores de software— se preparen adecuadamente para este importante cambio que marcará el futuro de la relación entre los contribuyentes y la administración tributaria.