La Seguridad Social ofrece diversas prestaciones para las personas con discapacidad, incluyendo pensiones tanto contributivas como no contributivas. Entre estas, se encuentra la pensión no contributiva por incapacidad, que se otorga bajo ciertos requisitos y está gestionada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
Pensión no contributiva por discapacidad
La pensión no contributiva por incapacidad asegura a todos los ciudadanos en estado de invalidez y en situación de necesidad una prestación económica. Desde el IMSERSO explican que, además del apoyo económico, los beneficiarios también pueden acceder a asistencia médico-farmacéutica gratuita y a servicios sociales complementarios.
Para poder recibir esta pensión en 2025, las personas interesadas deben cumplir varios requisitos:
- Tener reconocida una discapacidad igual o superior al 65%.
- Residir en España, con al menos cinco años de residencia continuada e inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión.
- Tener entre 18 y 65 años.
- Carecer de ingresos.
Es importante destacar que, para el IMSERSO, se considera que hay carencia de rentas cuando los ingresos anuales son inferiores a 7.905,80 euros. Este límite puede ajustarse si en el hogar residen más personas, lo que influiría en el cálculo de la renta familiar.
Aumento del importe de la pensión en 2025
De cara a 2025, el Gobierno de España ha aprobado un aumento del 9% en la cuantía de la pensión no contributiva de incapacidad. Actualmente, esta asciende a 7.905,80 euros anuales, lo que equivale a 564,70 euros mensuales, distribuidos en 14 pagas al año.
Adicionalmente, las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 75% que necesiten la asistencia de otra persona para realizar actividades esenciales de la vida obtendrán un complemento del 50% de la pensión, estableciendo su total en 3.952,90 euros anuales.
Acceso a la jubilación anticipada
Además de la pensión por discapacidad, existe la opción de jubilación anticipada para personas con discapacidad. Esta modalidad permite a los beneficiarios acceder antes a la pensión contributiva, lo que puede ser de gran utilidad dada su situación.
En este contexto, las personas que tienen una discapacidad igual o superior al 45% pueden optar por la jubilación anticipada a partir de los 56 años. Por otro lado, quienes cuentan con un grado de discapacidad igual o superior al 65% pueden jubilarse anticipadamente desde los 52 años en España.
Sin embargo, para acceder a esta jubilación anticipada, es necesario cumplir ciertos requisitos. Es fundamental haber cotizado un mínimo de 15 años a la Seguridad Social, de los cuales al menos cinco años deben haber sido cotizados con la discapacidad reconocida (en el caso de tener una discapacidad del 45% o más).
Condiciones para la jubilación anticipada
Uno de los principales beneficios de la jubilación anticipada para personas con discapacidad es que la Seguridad Social no aplica coeficientes reductores en la pensión. Esto significa que la cuantía de la pensión a recibir no se verá disminuida por el hecho de jubilarse antes de la edad estipulada, lo que resulta en una mayor tranquilidad económica para quienes atraviesan por desafíos adicionales a lo largo de su vida laboral.
Certificado de discapacidad y requisitos
Es crucial para las personas interesadas en cualquiera de estas prestaciones obtener un certificado de discapacidad. Cabe señalar que un certificado con un grado inferior al 33% no conlleva ninguna prestación económica y tampoco se traducirá en beneficios fiscales o sociales. Los expertos de ‘CampmanyAbogados’ subrayan que «no existe, por tanto, pensión por discapacidad del 33%».
Por lo tanto, para acceder a las ayudas correspondientes es imprescindible garantizar que se cumplan los requisitos exigidos por el IMSERSO, particularmente en lo que respecta a la discapacidad y la situación económica del solicitante.
En resumen, la Seguridad Social proporciona oportunidades significativas para las personas con discapacidad mediante pensiones y jubilación anticipada. Quienes cumplan con los requisitos establecidos tendrán derecho a estas ayudas, lo que refleja un compromiso por parte del Estado para apoyar a este colectivo en su bienestar económico y social.