La vigilancia de Hacienda ante el fraude fiscal
La campaña de la Renta está a la vuelta de la esquina. En concreto, arranca el 2 de abril. Y los ciudadanos estarán pendientes de si les saldrá a pagar o a devolver. Sin embargo, no es el único momento en el que deben estar pendientes de la Agencia Tributaria. Porque, como si fuera un ‘gran hermano’, está atenta a otros aspectos más allá del IRPF.
Uno de los temas que más preocupa a Hacienda es el fraude fiscal. Esta práctica ilegal de evasión de impuestos es consciente y tiene la intención de defraudar a Hacienda, afectando así a la recaudación pública y al bienestar de la sociedad.
La diferencia entre fraude fiscal y blanqueo de capitales
Por otro lado, el blanqueo de capitales se refiere al proceso mediante el cual los delincuentes intentan ocultar el origen ilegal de sus activos. ¿Cómo lo hacen? Suelen introducir estos fondos en el sistema financiero legal para darles una apariencia de legitimidad, dificultando así su rastreo.
Técnicas de blanqueo y cómo Hacienda responde
Antes de profundizar en cómo vigila Hacienda a los contribuyentes, es importante mencionar algunas de las técnicas utilizadas en el blanqueo de capitales. Estas pueden incluir sacar dinero fuera de España, realizar depósitos menores a 10.000 euros en bancos, la compra de bienes inmuebles o artículos de lujo, así como la adquisición de billetes de lotería premiados. Para contrarrestar estas acciones, Hacienda ha establecido que se limiten los pagos en efectivo en ciertas transacciones económicas.
Cuando se trata de evitar el fraude fiscal, la AEAT dispone de herramientas que le permiten acceder, no solo a las cuentas de los contribuyentes, sino también a movimientos relacionados con tarjetas de crédito, depósitos y préstamos, ampliando su capacidad de control.
El papel de las entidades bancarias
Para conseguir estos objetivos, Hacienda no está sola. Se apoya en los bancos, que, por ley, deben informar al fisco sobre los datos de sus clientes. Esta obligación está estipulada en el artículo 93 de la Ley General Tributaria, lo que convierte a las entidades en aliados en la lucha contra el fraude.
Por tanto, Hacienda puede solicitar documentación y monitorear los ingresos y pagos que realizan los ciudadanos, desempeñando un papel crucial en la supervisión fiscal.
Controles en las transacciones financieras
Sin embargo, esto no se aplica de la misma manera cuando los ciudadanos desean ingresar dinero en su cuenta bancaria, ya que en este caso no existen límites estrictos. No obstante, se implementan controles cuando el importe supera los 3.000 euros sin una justificación adecuada.
Las sanciones por irregularidades
Si Hacienda descubre irregularidades en los movimientos financieros, las sanciones pueden ser severas. Estas multas pueden oscilar entre 2.500 y 150.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso.
Para los pagos en efectivo, los ciudadanos deben tener en cuenta que el límite permitido sin necesidad de justificación es de 1.000 euros. En cuanto a las transferencias, el límite es de 6.000 euros. Si alguna transacción supera estas cantidades, el banco tiene la obligación de notificarlo a Hacienda.
Obligaciones en la Declaración de Movimientos
Además, si una operación supera los 10.000 euros, debe declararse mediante la ‘Declaración de Movimientos de Medios de Pago’, que debe presentarse antes de realizar la transacción. Debido a esta regulación, muchos delincuentes optan por realizar movimientos menores, a fin de evadir controles.
Si no se cumplimenta esta obligación, Hacienda actuará y establecerá multas. Estas se dividen en tres categorías: leves, graves y muy graves. Las sanciones leves se aplican cuando la base es inferior o igual a 3.000 euros, o si, siendo superior, no hay ocultación. Las multas en este caso pueden alcanzar el 50% de la cantidad.
Las sanciones graves se imponen cuando la base de la sanción sobrepasa los 3.000 euros y existe ocultación. En estas situaciones, la multa puede ir del 50% al 100% de lo defraudado.
Finalmente, las muy graves se producen cuando se utilizan medios fraudulentos para ocultar ingresos o pagos adeudados. En estos casos, las sanciones pueden llegar a ser del 100% al 150% de la cantidad implicada.