El próximo martes, 4 de febrero, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, la implementación de esta norma enfrenta un importante obstáculo: debe ser convalidada por el Congreso de los Diputados. Se anticipan dificultades en este proceso, agraviadas por la reciente oposición de los representantes de los empresarios. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, y Lorenzo Amor, vicepresidente de CECO y presidente de la ATA, han comunicado que planean expresar su desacuerdo ante los distintos grupos políticos para frenar la entrada en vigor de la ley tal como está planteada.
Preocupaciones de los empresarios respecto a la reducción de jornada
La postura de los empresarios es clara. Garamendi subrayó: “Irá al Parlamento lo que tenga que ir y, como no podía ser de otra manera, defenderemos nuestras posturas y trasladaremos a los partidos políticos cuáles son nuestras opiniones, también legítimas.” Esto ocurre en un contexto en el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también estaba presente en el mismo encuentro informativo organizado por Europa Press. Por su parte, Lorenzo Amor enfatizó que, aunque la reducción de jornada puede parecer un logro para la ministra, “no lo es para los empresarios y para los autónomos que generan empleo”.
La negociación colectiva como vía preferida
Uno de los puntos esenciales que Amor ha hecho hincapié es que la simplificación de la jornada laboral debería ser el resultado de un acuerdo en la negociación colectiva, en lugar de una imposición legal. “La jornada laboral debe ir reduciéndose poco a poco, pero haciéndolo sector a sector, territorio a territorio”, afirmó. De esta forma, se busca un enfoque personalizado y adaptado a las necesidades de cada sector, en lugar de una regulación generalizada que podría tener repercusiones negativas.
Asimismo, ha manifestado que esta reducción no solo afectará a las grandes empresas, sino que “dañará muy sensiblemente a los autónomos y a las pequeñas empresas de uno a tres trabajadores”. Esto indica que las implicaciones de esta modificación legislativa podrían ser complejas y desiguales, dependiendo del tipo de organización que se evalúe.
Creación de empleo: un objetivo cuestionable
La premisa de que la reducción de jornada acarreará una generación de empleo adicional está siendo severamente cuestionada por Amor. “Si alguien piensa que va a haber una contratación para cubrir la reducción de jornada, no ha pagado una nómina en su vida y no tiene ni puñetera idea de lo que es ser empleador”, afirmó con contundencia. Según su perspectiva, la disminución del horario laboral no significa necesariamente que los empleadores reduzcan sus horas de operación. Este tipo de afirmaciones subrayan la diferencia entre la teoría y la práctica en la gestión empresarial.
“Esa media hora menos que va a tener el trabajador no va a significar que un comercio o un bar cierre antes. ¿Saben quién va a cubrir esa media hora? Los autónomos y las autónomas”, destacó, señalando que los pequeños empresarios a menudo terminan asumiendo las cargas de personal que otras relaciones laborales no son capaces de cubrir. Esta dinámica plantea un dilema significativo en el que los gastos deben ser equilibrados con la lógica operativa de un negocio.
Un costo significativo para los empleadores
En términos económicos, Lorenzo Amor ha calculado que el coste adicional que los empresarios tendrán que asumir por la reducción de jornada oscila entre 1.800 y 2.000 euros por trabajador. Esta cifra incluye tanto la cotización como el salario. En cuanto a la recuperación de las bonificaciones para las empresas que el Ministerio de Economía está considerando, Amor sostiene que estas no compensarán los gastos adicionales provocados por la reducción de jornada.
“A un incremento de gasto no se le contesta con otro gasto”, ha indicado. La reducción de jornada implica un crecimiento del 6,25% en el costo por trabajador, un dato corroborado por los informes de la Comisión de Expertos que analizaron la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “Por tanto, si tiene un incremento de un 6,25% habrá que buscar medidas que compensen ese incremento”, concluyó. Esta afirmación resalta la necesidad de encontrar un equilibrio que evite penalizar aún más a los empleadores que ya afrontan un entorno económico complicado.
El futuro de la norma en el Congreso
Con la aprobación del Consejo de Ministros a la vista, la incertidumbre sobre la convalidación de la norma en el Congreso persiste. La lucha para equilibrar los intereses de los trabajadores con la viabilidad de los empresarios es un desafío apremiante que tendrá que ser resuelto a través de un debate profundo y constructivo en el ámbito político. El resultado de esta situación no solo definirá la jornada laboral de los españoles, sino que también influirá en el futuro del empleo y la sostenibilidad económica en el país.