«Quieren solucionar un problema generando otro», afirma uno de los cientos de afectados por el anteproyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal. La reforma propuesta por el Gobierno, con la que se pretende «afianzar la gran transformación de la Justicia junto a los principios de digitalización, modernización y vocación social«, ha levantado el grito de protesta de jueces y fiscales que se oponen a ella. Las «víctimas» de esta modificación consideran que tiene «más sombras que luces», ya que va en «detrimento» de los mismos profesionales.
La controversia en torno a la reforma
La reforma busca garantizar la «igualdad de oportunidades en el acceso», la «pluralidad», la «transparencia», así como la estabilización de casi 1.000 interinos para «dotar de recursos humanos suficientes» a la Administración de Justicia y satisfacer la demanda de togados. Sin embargo, los jueces y fiscales que han ingresado a la carrera por turno libre califican estas medidas de «injustas» y «preocupantes», alegando que el acceso a la Judicatura «requiere de una formación específica que solo se acredita a través de las vías de acceso existentes en la actualidad», a las que no se someterán los interinos.
Íñigo Errejón ya planteó en el 2020 una reforma del Poder Judicial, cuestionando la procedencia de quienes pueden acceder a la carrera judicial: «¿Qué familia puede permitirse diez años de estudios sin becas?«. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha querido alinearse con este pensamiento, buscando una mayor «diversidad de perfiles» en la Judicatura y que los opositores no provengan «solo de padres ricos».
Las voces de los jueces humildes
EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con jueces y fiscales de orígenes humildes que se sienten «insatisfechos» con estas modificaciones legales. Tras años de sacrificios y esfuerzo, advierten que la reforma podría dar lugar a «una justicia más injusta», pues el nuevo sistema de acceso no favorece la «excelencia y mérito».
La falta de personal en la Administración de Justicia en España — que presenta la quinta peor ratio de jueces en la Unión Europea, con solo 11 por cada 100.000 habitantes, frente a una media europea de 24 — exige una solución que debe contemplar el aumento del número de plazas en el turno libre, es decir, por oposición. Esto garantizaría el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, esenciales en el acceso a la función pública, explican los afectados.
Alba Fernández (28 años), una de las juezas que no proviene de una «familia de clase alta», comparte su experiencia: sus padres, con una pequeña frutería en Galicia, fueron su única fuente de conocimientos. Aunque la reforma promete facilitar el acceso a quienes tienen menos recursos, la califica como un «despropósito absoluto con alguna que otra pincelada de color».
Las inquietudes sobre el acceso y la estabilidad
Alba también señala que, aunque valora el fortalecimiento de las becas para ayudar económicamente a quienes quieren opositar, se pregunta inquieta: “¿Por qué se va a obligar a un juez recién nombrado a trasladarse cuando ascienda a magistrada?” Crítica que se hace eco del problema de que un interino, que no ha pasado por el proceso de oposición, pueda tener más antigüedad que un juez de carrera con años de experiencia.
Entre las propuestas de reforma, se incluye «consolidar y proteger las Becas SERÉ», algo que muchas asociaciones de jueces apoyan. Sin embargo, el anteproyecto también propone el restablecimiento del traslado forzoso a los tres años de ascender a las categorías de magistrado o de fiscal, una medida que se había eliminado en 2009.
El restablecimiento de este traslado forzoso genera «importantes perturbaciones en la vida personal y profesional«, ya que esta condición no se aplica a otros funcionarios públicos. Las afectadas lo califican de «anacrónico, injusto e injustificado». «¿Cómo voy a tener una estabilidad familiar o personal si estoy obligada a trasladarme a donde me digan?» se pregunta Fernández, añadiendo: “Si esto se tomó como inadecuado en su momento, ¿por qué se quiere reintroducir?”
El sentimiento de injusticia
El comunicado de las últimas promociones de jueces y fiscales ya cuenta con más de mil firmantes, quienes cuestionan cómo se podrá «adecuar la realidad de los profesionales del servicio público» bajo una movilidad geográfica que no responde a las condiciones actuales de los togados. Raúl Fernández (26 años), un juez en expectativa de destino en Girona, califica esta reforma como un «retroceso en los avances conseguidos y que va en contra de las conciliaciones sociales».
Raúl, que proviene de una familia trabajadora, se enfrenta a la incertidumbre acerca de su futuro. Su preocupación radica en la posible falta de estabilidad laboral: «Si me debo desplazar, no sé cómo podré formar una familia». Además, apunta que la falta de estabilidad en los destinos judiciales complicaría las colaboraciones necesarias dentro de los equipos de trabajo, lo que a la larga repercutiría negativamente en el servicio a la ciudadanía.
Consecuencias de la inclusión de interinos
«Van a conseguir que la oposición por turno libre no valga para nada», afirma Raúl, refiriéndose a la integración de interinos en la Judicatura, lo que ha suscitado un fuerte rechazo.
La reforma también plantea una convocatoria extraordinaria de estabilización, lo que crearía «una nueva vía de acceso» para llenar una de cada cuatro plazas con juristas de reconocido mérito, pero que desestabiliza la carrera por turno libre tanto en la Judicatura como en la Fiscalía.
«Estas propuestas vulneran de manera flagrante los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, que deben guiar el acceso a las carreras judicial y fiscal», afirman los miembros de la promoción 73 de la Carrera Judicial, señalando que estos principios están consagrados en el artículo 103 de la Constitución Española.
En este contexto, la situación se complica aún más, dado que más de la mitad de la promoción 73 está en expectativa de destino. María Escolano, adscrita al Juzgado de Instrucción 2 de Algeciras, pregunta retóricamente: “Si no hay plaza para nosotros, ¿cómo pretenden integrar a tantos sustitutos?”
Incertidumbre y desconfianza
Escolano también expresa su inquietud al compartir que, tras varios años de esfuerzo, ahora podría verse en la misma posición que un sustituto, quien no ha pasado por las exigencias de una oposición. «No se puede solucionar un problema con otro», sostiene, advirtiendo que estas propuestas discriminan a quienes han dedicado años de estudio y sacrificio.
Las promociones afectadas consideran «aberrante» la posibilidad de convertirse en miembros de uno de los poderes del Estado a través de la estabilización. La reforma no solo busca acabar con la temporalidad en la administración pública, sino también computar la antigüedad de los sustitutos, algo que podría perjudicar a aquellos que han superado las oposiciones.
«Es ridículo», exclama Fernández. Si se estabilizan tantos interinos y se les computa la antigüedad, ¿qué pasará con nosotros, las últimas promociones? Algunos de estos interinos tienen hasta 20 años en el cargo, mientras que nosotros acabamos de empezar.»
Perspectivas de objetividad y transparencia
El cambio propuesto, en el cual un caso práctico sustituiría a uno de los ejercicios de memorización, también ha suscitado polémica. Mientras algunos lo ven como un «avance para el razonamiento», otros temen que se convierta en un criterio más subjetivo. “La memorización permite un mapa global objetivo del ordenamiento jurídico”, añade Raúl Fernández.
Raquel Tormo, que actualmente trabaja en la Audiencia Provincial de Valencia, también ha crecido en un entorno modesto. Ella resalta que su éxito se basa en «méritos y capacidad», principios que, según ella, se ven amenazados por la reforma.
Tormo advierte que el anteproyecto amplía la injusticia. «Un sistema basado en pruebas prácticas podría resultar arbitrario. Los actuales criterios de selección son ya objetivos y transparentes, lo que asegura un rigor imprescindible para funciones de tal responsabilidad».
Las distintas posturas entre asociaciones
Las distintas asociaciones de fiscales y jueces se han manifestado en contra de las nuevas medidas. En términos generales, todas coinciden en apoyar el «blindaje legal de las becas» como un método para facilitar el acceso a las carreras judicial y fiscal, aunque no todas están de acuerdo con el resto de la reforma.
Las propuestas para la formación pública de opositores han generado reticencias. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se preguntan quién decidirá quién ingresa, mientras que el Foro Judicial Independiente (FJI) advierte sobre posibles «filtros ideológicos» y favoritismos. Por el contrario, Juezas y Jueces para la Democracia califican este cambio como un «notable avance».
Las reformas para la transformación de la Comisión de Ética Judicial también son motivo de conflicto. La propuesta de integrar más miembros elegidos por las Cortes Generales ha generado críticas, ya que se consideran impropias para un organismo que debe ser independiente.
En relación con la prohibición de financiación privada de asociaciones, la APM ha defendido que no se debe dar una imagen de que sus fondos provienen mayoritariamente de fuentes privadas. Muchas de sus subvenciones provienen de sus asociados y del Consejo General del Poder Judicial.
Las promociones futuras, en especial la 74, aún en fase de prácticas, se han unido a las protestas de las promociones anteriores. Exigen ser escuchadas y que sus inquietudes se tomen en cuenta antes de que el Parlamento apruebe esta reforma. «Si todo continúa así, corremos el riesgo de tener una justicia con menos garantías», concluye Escolano.